Escrito por Nicole Saavedra Pérez

De un tiempo a esta parte, el litio en Bolivia se ha convertido en un símbolo. Para el mundo, representa el corazón de la transición energética contemporánea; en Bolivia, pese a los retrasos y coyunturas complejas significa esperanza, presión política, ambición industrial y, también riesgo jurídico.

El país posee los recursos más grandes del mundo, pero está lejos de representar la producción más grande. Ese desbalance, entre potencial geológico y capacidad industrial, ha convertido al litio boliviano en un terreno donde convergen expectativas sociales, intereses extranjeros y la urgencia de diseñar contratos eficientes que no se derrumben ante el primer cambio de gobierno o de condiciones políticas.

Hoy, mientras el gobierno revisa los contratos firmados con consorcios chinos, rusos y socios tecnológicos extranjeros, surge una pregunta inevitable: ¿cómo revisar, renegociar o reencaminar acuerdos con empresas extranjeras sin abrir la puerta a arbitrajes internacionales millonarios?

La respuesta no está en la política. Está en el derecho.

Un nuevo momento político, un viejo dilema jurídico

Cada cambio de gobierno trae consigo un impulso natural por revisar lo que se hizo antes. Esto es comprensible y en objetivamente sano, pero jurídicamente exige cautela, previsiones y cuidado. En cuanto a los recursos naturales estratégicos protegidos por la CPE, las revisiones contractuales suelen caminar por una cuerda fina: si se gestionan bien, tienen la capacidad de fortalecer la seguridad jurídica inherente; si se gestionan mal, se pueden convertir en la antesala de un arbitraje internacional.

Bolivia ya lo ha vivido antes. Casos en hidrocarburos, telecomunicaciones y pensiones, han demostrado que la línea entre “revisión legítima” y “expropiación indirecta” puede ser extremadamente delgada. Y el litio, por su valor estratégico y coyuntural hace que cualquier decisión sea observada con lupa por empresas, gobiernos y mercados.

En otras palabras: los potenciales socios estratégicos miran a Bolivia, y no sólo por su litio, sino por cómo gestiona sus contratos.

Los riesgos jurídicos detrás del entusiasmo por revisar contratos

Cuando un Estado revisa contratos estratégicos sin un marco claro, surgen al menos cinco riesgos inmediatos:

1. Expropiación indirecta si una eventual modificación hace inviable la inversión.
2. Violación del trato justo y equitativo, un estándar básico del derecho internacional muy sensible a cambios unilaterales de los gobiernos.
3. Discriminación o arbitrariedad potencial en procesos administrativos.
4. Incumplimiento contractual, demostrable o discutible, especialmente cuando existen cláusulas arbitrales bajo reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI).
5. Afectación de expectativas legítimas, uno de los argumentos más utilizados por inversionistas que generan proyecciones y especulaciones a futuro.

En todo caso, no se trata de temerle al arbitraje, un mecanismo esencial de solución alternativa de conflictos cuando el diálogo falla, sino de evitar que el país llegue a esa instancia por fallas en el manejo institucional del conflicto.

Porque, aunque parezca una frase sencilla, es profundamente cierta: “los arbitrajes no nacen del conflicto; nacen de la mala administración del conflicto”.

Contratos sin arquitectura moderna, el talón de Aquiles de las relaciones internacionales

Muchos de los contratos suscritos por Bolivia fueron firmados sin ciertos elementos que por sus características, cumplen hoy un estándar internacional en proyectos extractivos como ser:

• Cláusulas escalonadas de solución de controversias reales, y no meramente decorativas.
• Dispute Boards permanentes, en proyectos de envergadura que funcionen como alertas tempranas de conflicto.
• Matrices de riesgo que definan qué parte asume qué contingencia, según sus posibilidades objetivas.
• Mecanismos formales de renegociación, obligatorios y documentados.
• Procedimientos de gobernanza, cada vez más exigidos por los mercados.

En un sector donde las inversiones superan fácilmente los 500 millones de dólares, estos vacíos no son detalles: son la diferencia entre una renegociación ordenada y una controversia internacional.

Cuando un contrato está mal construido, cualquier revisión puede convertirse, en un conflicto.

¿Cómo evitar arbitrajes sin frenar el desarrollo de la industria del litio?

Bolivia aún está a tiempo de construir un marco de gobernanza contractual que brinde seguridad a inversionistas y al Estado. Desde la perspectiva jurídica, también se pueden analizar cinco claves esenciales:

1. Renegociar de buena fe y con trazabilidad: Un proceso documentado, transparente y basado en criterios técnicos reduce el riesgo de expropiación indirecta.
2. Incorporar Dispute Boards y mecanismos técnicos inmediatos: En proyectos complejos funcionan como un “extintor” jurídico que apaga incendios antes de que lleguen al arbitraje.
3. Establecer cláusulas de estabilización flexibles: No se trata de congelar leyes, sino de permitir ajustes sin destruir la ecuación económica del contrato.
4. Crear un procedimiento claro para revisar contratos estratégicos: Auditorías técnicas, reglas públicas, criterios comparables y compatibles con estándares internacionales.
5. Diseñar un “Marco Boliviano de Gobernanza del Litio”: Un paraguas institucional que combine transparencia, criterios técnicos, jurídicos y mecanismos efectivos de solución de controversias.

Bolivia requiere inversión extranjera directa, pero también necesita reglas. Y reglas bien hechas.

La oportunidad depende de la seguridad jurídica

El litio mantiene a Bolivia como uno de los países con mayor potencial estratégico en la transición energética mundial. Sin embargo, la ventana de oportunidad asociada a los precios extraordinarios y a la escasez inicial se ha reducido, y el verdadero desafío hoy, es transformar ese potencial geológico en poder industrial, tecnológico y geopolítico efectivo, en un mercado cada vez más competitivo y volátil.

Pero ese privilegio conlleva una responsabilidad enorme. La transición energética global exigirá contratos inteligentes, renegociaciones ordenadas y una institucionalidad capaz de procesar diferencias sin escalar al arbitraje internacional.

Bolivia puede lograrlo. Tiene la capacidad técnica, los profesionales y la oportunidad. Lo que falta es pasar del entusiasmo político a la seriedad jurídica y a la solvencia técnica.

Porque, al final, la verdadera pregunta no es si habrá conflictos en estos contratos de magnitud. La verdadera pregunta es si sabremos administrarlos con visión estratégica para que el litio sea oportunidad, y no conflicto.