Han transcurrido casi 20 años en los cuales ha habido una marcada ruptura entre el sector público y el sector privado. Esta época se ha caracterizado por enemistar al aparto estatal con el sector privado y en especial con el empresariado nacional, que se ha visto enfrentado a una serie de controles y fiscalizaciones que, por su puesto, concluían con la imposición de multas y sanciones pecuniarias, pues la mayor parte de las instituciones estatales se convirtieron en instancias recaudadoras, teniendo como única finalidad cobrar y recaudar fondos a costa de los empresarios y emprendedores.