Debida Diligencia en el Cumplimiento de Obligaciones Comerciales en Bolivia
La debida diligencia se refiere al conjunto de procedimientos preventivos que una entidad debe realizar para garantizar el cumplimiento normativo en sus operaciones comerciales. En Bolivia, este concepto ha ganado fuerza en el marco de la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y la promoción de prácticas empresariales responsables, especialmente desde la adopción de políticas alineadas con estándares internacionales como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
Fundamentos de la Debida Diligencia
La debida diligencia implica reconocer que las empresas actúan en un entorno regulado que requiere el análisis constante de riesgos legales, éticos y financieros. En Bolivia, esta práctica se vincula estrechamente con el principio de responsabilidad proactiva del operador económico, en el marco de leyes como la Ley N.º 004 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz) y las recientes directrices emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Legislación Aplicable
Entre las normativas clave que sustentan la debida diligencia en Bolivia destacan:
- Ley N.º 004 (Anticorrupción): Establece medidas de prevención y sanción contra actos de corrupción en entidades públicas y privadas que contraten con el Estado.
- Ley N.º 393 de Servicios Financieros: Exige políticas de cumplimiento para identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Ley N.º 164 de Telecomunicaciones y TIC: Impone estándares de transparencia en el manejo de información sensible.
- Normativa UIF: Obliga a sujetos obligados a implementar sistemas de administración de riesgos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo (SARLAFT).
- Propuesta de Ley de Integridad Empresarial (en debate): Incluye la debida diligencia como elemento esencial de los programas de cumplimiento empresarial.
Proceso de Debida Diligencia
El proceso de debida diligencia comercial en Bolivia debe contemplar las siguientes etapas:
- Identificación de Riesgos: Evaluar riesgos jurídicos, financieros, fiscales, laborales y reputacionales vinculados a operaciones comerciales.
- Evaluación de Compliance: Verificar el cumplimiento de normativas locales e internacionales, incluyendo la normativa ambiental y de derechos humanos.
- Implementación de Medidas Correctivas: Aplicar acciones de remediación o adecuación cuando se detecten brechas de cumplimiento.
- Monitoreo Continuo: Establecer mecanismos periódicos de control y mejora para mantener actualizada la matriz de riesgos.
Importancia para la Comunicación Comercial
Demostrar debida diligencia refuerza la imagen institucional de una empresa y mejora la confianza de inversores, clientes, proveedores y entes reguladores. Esto se ha vuelto crítico en procesos de licitación, asociaciones público-privadas y acceso a financiamiento internacional, donde se exige trazabilidad, transparencia y cumplimiento como condiciones previas.
Consecuencias del Incumplimiento
El incumplimiento de las obligaciones comerciales y regulatorias en Bolivia puede derivar en:
- Multas impuestas por la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) o la UIF.
- Suspensión de licencias y permisos.
- Pérdida de acceso a contratos con el Estado.
- Investigaciones penales por omisión de deberes o encubrimiento.
- Daño reputacional que impacta la continuidad de negocios.
Buenas Prácticas Recomendadas
- Diseñar e implementar un programa de compliance con enfoque basado en riesgos.
- Capacitar periódicamente a empleados y directivos sobre ética y responsabilidad empresarial.
- Adoptar estándares internacionales como ISO 37001 (Antisoborno) y directrices OCDE para empresas multinacionales.
- Establecer canales de denuncia internos seguros y mecanismos de protección a denunciantes.
Conclusiones
La debida diligencia es hoy un requisito estratégico y legal para las empresas que operan en Bolivia. Su adecuada implementación no solo previene sanciones, sino que fortalece la competitividad y sostenibilidad del negocio. Ante un entorno regulatorio en transformación y creciente escrutinio público, las empresas deben asumir un rol activo en la gestión de riesgos, la integridad y el cumplimiento normativo como pilares de una operación empresarial moderna y responsable.
