Corrupción e Impunidad: El impacto en la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en Bolivia y países de la Región

Por: Ernesto Rossell Arteaga

La corrupción y la impunidad constituyen una de las combinaciones más letales para cualquier sistema democrático, ya que su práctica engranada mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y sin lugar a dudas debilita los principios fundamentales del Estado de derecho. Lamentablemente, en países como el nuestro, estos fenómenos han alcanzado niveles alarmantes, contribuyendo al rápido deterioro de la estabilidad social, política y económica del país.

El presente artículo, es un intento sano de analizar desde el ámbito académico cómo la corrupción, alentada por la ausencia de consecuencias legales claras, ha generado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes, afectando no solo a los ciudadanos y a las empresas locales, sino también a los actores internacionales que buscan operar en el país y en países de la Región. Asimismo, este análisis aborda de manera objetiva, cómo estos elementos distorsionantes escalan a todos los niveles de nuestras sociedades precariamente organizadas en algunos casos, llegando a afectar incluso los poderes del Estado, agravando las crisis estructurales que actualmente enfrentamos.

Este análisis pretende ofrecer un enfoque crítico e independiente, cuyo fin es identificar los desafíos actuales y proponer alternativas prácticas para revertir esta peligrosa tendencia.

El vínculo perverso entre corrupción e impunidad

La corrupción, definida como el abuso de poder público para el beneficio privado y particular, encuentra su mejor aliado en la impunidad, que se traduce en la ausencia de consecuencias legales efectivas contra los perpetradores de estos actos ilícitos. Tristemente en Bolivia y en otros países de la Región, la conjunción de estos fenómenos no solo ha normalizado comportamientos evidentemente irregulares, sino que ha instalado un sistema de incentivos perversos que de alguna manera premian la ilegalidad y desincentivan categóricamente el cumplimiento de la ley.

En los últimos años, la prensa y las redes sociales han documentado casos en los que altos funcionarios públicos han sido señalados por corrupción, pero pocos, si es que alguno, han sido efectivamente sancionados. La falta de independencia del sistema judicial y los vacíos normativos existentes en nuestro medio, contribuyen a perpetuar esta realidad, consolidando la percepción ciudadana de que el aparato estatal está diseñado para proteger intereses particulares y no el bienestar colectivo.

Efectos de la corrupción potenciada por la impunidad en la seguridad jurídica

La seguridad jurídica, entendida como la previsibilidad y certeza en la aplicación de las normas, es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad que se considere a sí misma un Estado de Derecho. Sin embargo, en Bolivia y en otros países con realidades similares, este principio históricamente se ve seriamente amenazado por la sombra de la corrupción y la impunidad.

Entre las principales afectaciones que este fenómeno genera, destacan los siguientes escenarios sociales:

Incertidumbre normativa sostenida, hablamos específicamente de los constantes cambios en la interpretación y aplicación de las leyes por parte de los legisladores y administradores de justicia, fenómeno adverso que genera un clima de inseguridad que desalienta tanto la inversión privada como la confianza ciudadana.

Judicialización arbitraria de conflictos. En este escenario, los tribunales de justicia e instancias afines, en lugar de ser un espacio de resolución imparcial, se perciben como instrumentos de presión o negociación política.

A lo que se suma el incremento de costos transaccionales, es decir, las empresas, tanto locales como extranjeras, enfrentan mayores gastos al intentar garantizar que sus derechos sean respetados en un entorno impredecible y adverso.

Lamentablemente, como es de suponerse, estos efectos generan un círculo vicioso en el cual la desconfianza en el sistema legal aumenta, incentivando aún más la informalidad y el incumplimiento de las normas por parte de la población.

Erosión de la confianza en instituciones que deberían ser pilares de la sociedad

La confianza ciudadana en las instituciones públicas se constituye en uno de los indicadores más reveladores de la salud de un sistema democrático. En Bolivia, por ejemplo, esta confianza se encuentra en niveles críticamente bajos debido a la percepción, y en muchos casos la evidencia, de corrupción e impunidad en todos los niveles de la administración pública.

Al respecto, los ciudadanos perciben que las instituciones no responden a sus necesidades, aspecto crítico que fomenta un distanciamiento social y político, así como un incremento en las protestas y manifestaciones sociales. Está por demás comprobado, que este descontento tiene consecuencias directas en la gobernabilidad del país, ya que debilita y socaba la legitimidad de las decisiones adoptadas por los poderes públicos que intentan administrar justicia y proveer estabilidad económica.

Ahora bien, desde una perspectiva económica, la falta de confianza institucional a nivel macro, también afecta la atracción de inversión extranjera, ya que los actores internacionales exportadores de capital a través de la inversión extranjera directa, requieren un marco jurídico estable y confiable para operar con seguridad, tomando en cuenta además ciertos niveles de estabilidad económica y política.

La permeabilidad de los poderes del Estado

Lo cierto es que la corrupción no se limita a actos individuales; en los países de la Región, ha permeado de manera estructural los poderes del Estado, afectando su independencia y funcionalidad.

• En cuanto al Poder u Órgano Judicial, la falta de independencia y profesionalización del sistema judicial ha convertido a este Órgano en una herramienta susceptible a manipulaciones políticas. Casos emblemáticos han mostrado cómo los procesos judiciales pueden ser utilizados para perseguir a opositores o proteger a aliados del gobierno de turno.
• En cuanto al Poder u Órgano Ejecutivo, la centralización de la toma de decisiones y la falta de controles efectivos, han permitido que altos funcionarios actúen con discrecionalidad, -por utilizar un término académico- a menudo fuera de los límites legales.
• En cuanto al Poder u Órgano Legislativo, en lugar de cumplir su función fiscalizadora, este poder ha sido cooptado en muchos casos para avalar decisiones del Ejecutivo, dejando a la ciudadanía sin un mecanismo efectivo de control.
• En cuanto al Poder u Órgano Electoral, como garantía de la democracia, tiene la responsabilidad crucial de administrar los procesos electorales con imparcialidad y transparencia, asegurando que reflejen la voluntad soberana del pueblo. Sin embargo, este poder también ha sido objeto de cuestionamientos por su aparente permeabilidad a intereses políticos y partidistas.

Esta situación en su conjunto, crea un entorno en el que la impunidad no solo es tolerada, sino estructuralmente protegida, perpetuando las crisis y la desconfianza en desmedro del desarrollo del país y de las más altas aspiraciones de la sociedad.

Propuestas y alternativas

Hay un desafío claro para la siguiente generación, si a lo que aspira es un Estado de Derecho funcional, nos referimos a revertir este panorama, para lo cual será esencial adoptar medidas integrales que ataquen las causas estructurales de la corrupción y la impunidad. Algunas propuestas no excluyentes son compartidas a continuación:

• Implementación de mecanismos de transparencia. – Esta propuesta hace referencia a la puesta en marcha de mecanismos efectivos para garantizar el acceso público a la información y la rendición de cuentas. Esto incluye la activación de plataformas digitales donde los ciudadanos puedan supervisar en tiempo real el uso de recursos públicos.
• Una verdadera reforma judicial. – Que priorice la independencia y profesionalización del sistema judicial a través de procesos de selección transparentes, capacitación continua y sanciones efectivas contra conductas irregulares desde escenarios tempranos.
• Posibilidad real de participación ciudadana. – Esta propuesta tiene por objeto fomentar espacios de participación activa donde los ciudadanos, tratados por igual y respetando sus derechos, puedan contribuir al control y vigilancia de las instituciones públicas.
• Apertura hacia un monitoreo internacional temporal. – Consiste en solicitar apoyo técnico y monitoreo de organismos internacionales para asegurar que las reformas estructurales sean implementadas de manera efectiva.

Estas propuestas o alternativas de solución, deberán estar acompañadas de una voluntad política real y sostenida, ya que sin ella cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en el papel, como ha venido ocurriendo en nuestra historia reciente.

A modo de Conclusión

La lucha contra la corrupción y la impunidad, en nuestra realidad es más que un simple desafío técnico o legal; es una batalla por la supervivencia misma del Estado de derecho y la democracia en Bolivia y en los países de la Región. Los efectos adversos de estos fenómenos no solo se limitan a la esfera gubernamental, sino que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, la estabilidad económica y la gobernabilidad.

Resulta imperativo que, como sociedad, enfrentemos estas problemáticas con determinación y unidad, entendiendo que la construcción de un país más justo y seguro depende de la eliminación de estas prácticas nefastas. Solo entonces podremos recuperar la confianza ciudadana y garantizar un futuro de desarrollo sostenible y mejores días.