Escrito por Fabián Daza
1. Introducción: el dilema de la atracción de inversiones
Bolivia enfrenta un momento decisivo en su relación con la inversión extranjera. Mientras los países vecinos compiten por atraer capitales en sectores estratégicos —energía, minería, industrialización de recursos naturales y tecnología—, nuestro marco normativo aún responde a una lógica de control estatal y desincentivo hacia el inversionista privado. El reto no es menor: para transformar su matriz productiva y generar crecimiento sostenible, Bolivia necesita crear un entorno jurídico previsible, competitivo y alineado con estándares internacionales. Ello exige revisar en primer término las normas que regulan la inversión, la empresa pública y los mecanismos de solución de controversias.
2. La Ley de Promoción de Inversiones
Promulgada en 2014, la Ley de Inversiones se presentó como una herramienta para promover, proteger y garantizar las inversiones nacionales y extranjeras. En la práctica, sin embargo, el texto legal mantiene una visión centralizada y discrecional de la inversión extranjera.
Algunos problemas clave:
- Ausencia de seguridad jurídica efectiva: el principio de estabilidad se sujeta a la política económica del Estado.
- Falta de neutralidad institucional: el órgano rector depende del Ejecutivo, limitando la independencia de las decisiones.
- Escaso alineamiento con estándares internacionales: no se reconocen garantías típicas de los tratados bilaterales de inversión.
Propuesta: una reforma debería incorporar principios claros de trato nacional, estabilidad contractual y transparencia regulatoria, además de crear condiciones institucionales y en lo posible sin una dependencia de la línea política del Estado.
3. La Ley de la Empresa Pública
La Ley de la Empresa Pública, buscó consolidar un modelo en el cual las empresas estatales son actores protagónicos de la economía, sin embargo, los problemas para su aplicación y adecuación de las empresas públicas estatales y lo poco atractivo de los modelos de alianzas público-privadas para el inversionista, la han vuelto una norma que requiere un urgente replanteo.
Problemas estructurales:
- Gobernanza empresarial deficiente: los directorios responden a designaciones políticas, centralizando totalmente el poder de decisión en el socio público.
- Rigidez para conformar modelos asociativos público-privados: las modalidades disponen siempre un control y poder de decisión en el socio estatal lo cual muestra una disparidad de fuerzas y por ende un desincentivo para el inversionista privado.
Propuesta: reformar la Ley para incorporar gobierno corporativo moderno, transparencia financiera y mecanismos claros de asociación público-privada. La norma se debe mostrar atractiva para encontrar y desarrollar las potencialidad que puede implicar asociarte con el Estado sin quedar a merced de su poder en la toma de decisiones.
4. La Ley de Conciliación y Arbitraje
La Ley de Conciliación y Arbitraje de 2015, marcó un cambio de orientación con relación a la Ley de Arbitraje anterior (1770). Las restricciones planteadas por la norma en lo que respecta a la participación del Estado en estos procedimientos y la reserva obligatoria de jurisdicción boliviana reducen la confianza de los inversionistas.
Propuesta: la reforma debería restablecer la posibilidad de someter controversias con el Estado al arbitraje tanto nacional como internacional, con mecanismos equilibrados de control y transparencia. El objetivo no debe ser debilitar la soberanía, sino fortalecer la credibilidad jurídica y la sensación de seguridad para el inversionista.
5. Conclusión: una agenda legislativa para el desarrollo
La atracción de inversiones no depende únicamente de incentivos fiscales o recursos naturales; requiere también de confianza jurídica y estabilidad regulatoria. Bolivia tiene ante sí la oportunidad de rediseñar su marco legal bajo tres ejes estratégicos:
1. Previsibilidad normativa: reglas estables y trato equitativo a los inversionistas.
2. Gobernanza eficiente: empresas públicas transparentes y abiertas a la asociación privada.
3. Resolución de controversias confiable: arbitraje moderno y respeto a la autonomía contractual.
La adecuación legislativa no debería implicar una renuncia al control estatal, sino modernizar la forma de ejercerlo, alineando el interés público con la necesidad de atraer inversiones. Con un marco legal reformado, coherente y confiable, Bolivia podrá insertarse plenamente en las corrientes de inversión internacional y volverse un espacio de atracción de inversiones real.
